En los últimos siete años CoST El Salvador se ha consolidado y ha jugado un papel incidente en la cultura de transparencia en lo que respecta a los proyectos de infraestructura pública en el país.
Así lo considera gerente de país de CoST El Salvador, Víctor Jiménez, quien manifiesta que durante ese periodo se han realizado informes sobre la divulgación de proyectos de infraestructura, capacitaciones a funcionarios públicos y sociedad civil, y se ha colaborado con el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Es este último punto, el gerente hace referencia a la publicación del lineamiento No.3 para la divulgación de información oficiosa en proyectos de obra pública. Estos lineamientos se convierten en una forma de instructivos que definen mecanismos para obligar a las instituciones estatales a hacer del conocimiento ciudadano la información básica de sus entidades.
Si bien el pasado año el IAIP publicó, en el Diario Oficial, el lineamiento No.3, con el cual se volvió información oficiosa los 79 indicadores con los que viene trabajando CoST El Salvador, Jiménez considera que esto solo es un pequeño avance, ya que las instituciones aún no logran divulgar la información de todos sus proyectos de infraestructura.
“El IAIP también desarrolló una plataforma web, el Sistema Único de Proyectos de Infraestructura Pública (SUIP) para cargar allí toda esta información, que incluye las 262 alcaldías, autónomas e instituciones gubernamentales, que por ahora aún no es alimentada con la información”, asegura.
Entre los avances en materia de transparencia, Jiménez considera que en lo que respecta a infraestructura pública, se registra una reducción en la información no divulgada por las instituciones.
“Al revisar la información consolidada de los datos recopilados desde el año 2017, podemos evidenciar que para ese año el porcentaje de información no divulgada fue de más del 24%, y para el año 2019 ese porcentaje fue de 9.4%. Lo que significa que ha habido una disminución de la información no divulgada”, explica.
Asimismo, destaca como reto lograr una mayor participación ciudadana, que se empodere y exija contraloría social en los diferentes proyectos que se ejecutan con dinero público.